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Moisés Marchena
Una bondad sospechosa

["Esos títulos pudieron ser anulados administrativamente, pero los jueces de ese entonces no se atrevieron, dejándolo al Tribunal de Tierras"]
Abel Rodríguez del Orbe, ex Procurador General


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Estos robos al Estado dominicano en el área de Pedernales comenzaron con el médico radiólogo y empresario Moisés Marchena, hacia 1990, quien para ese entonces regresó de los Estados Unidos.

[A]HORA supo que él le estafó unos cinco millones de dólares al sistema de salud pública de Estados Unidos, conocido como Medicare, por cuyo caso fue citado a comparecer por un juez federal, pero se le explicó -al magistrado- que el acusado tenía unas causas pendientes en suelo dominicano.

Era tanto el dinero que Marchena gastaba en Pedernales que los organismos de seguridad lo relacionaron con algún cártel de drogas. Pero descartaron esa posibilidad, suponiendo que estas organizaciones no negociarían con alguien que actuara de semejante forma.

Comenzó a comprar apartamentos a compueblanos que los habían recibido de Bienes Nacionales por 50 mil pesos, y los que presentaban cierta dificultad para vendérselos los convencía subiendo la oferta hasta 350 mil pesos. De esta forma adquirió dos edificios, los renovó e hizo hoteles con ellos. Frente a estos hoteles compró casas humildes y construyó cabañas preciosas con aire acondicionado para rentarlas. En esa ocasión se dijo que el pago tan elevado que él hacia por esos inmuebles tenía como segundo propósito el lavado de dinero.

Actualmente los edificios son utilizados por una fábrica de cemento para hospedar a sus empleados de mayor rango.

El doctor Marchena se mostraba muy dadivoso con los habitantes del pueblo, tanto que trató de seducirlos asignándoles pensiones a algunos ancianos. Instaló sistema de TV por cable gratis en algunas casas, incluida la parroquia, pero los lugareños se negaron a aceptar el regalo.

Ya instalado, el siguiente paso de Marchena fue unirse al senador del PRSC, Antonio Féliz Pérez, con quien conversó de las posibilidades que ofrecía realizar negocios en Bahía de las Aguilas. Empezaron a comprar tierras en la franja de unos dos kilómetros que hay entre la carretera de Pedernales y el mar. Intentaron también adquirir parcelas en los últimos 11 kilómetros de aproximación al pueblo.

Algunas personas eran propietarias de ciertas parcelas sin saber que lo eran, pues Marchena y el senador, según se ha dicho, utilizaron las cédulas de algunos miembros del PRSC para hacerlos aparecer como propietarios de esos terrenos.

Otra osadía de este "dúo dinámico" fue intentar cambiar el decreto que incluye a Bahía de las Aguilas entre los dominios del Parque Nacional Jaragua, que es una zona protegida, pero no lo lograron porque encontraron de frente al Grupo Jaragua, una ONG que realiza un buen trabajo en toda esa zona. Debido a sus“bondades” con la gente de Pedernales, por demás extrañas, los organismos de seguridad del país le comenzaron a seguir los pasos al senador Féliz Pérez. En una ocasión escucharon una conversación que evidenciaba los planes que existían para asesinar al antiguo obispo de Barahona, Fabio Mamerto Rivas, y al padre Avelino Fernández.

Desde ese momento un militar custodiaba el patio de la iglesia y otro acompañaba al religioso cuando salía a la calle. No apresaron al sospechoso porque aparentemente necesitaban más pruebas de las existentes. Sobre Marchena, la entonces directora del Catastro Nacional, doctora Carmen Lora Iglesias (fallecida), quien preparó el expediente acusatorio, dijo que se había conducido como un capo mafioso, y aseguró tener evidencia incriminatoria para ser enjuiciado.

Pagar por lo propio
Recientemente la Secretaría de Estado de Turismo dio un plazo de diez días a los propietarios de terrenos declarados de utilidad pública, desde Pedernales hasta la Laguna de Oviedo, incluyendo los de la Bahía de las Aguilas, para presentar sus títulos ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Turismo pretende comprar a los propietarios que tengan títulos reales, porque tiene intenciones de desarrollar proyectos hoteleros en Bahía de las Aguilas, en el Parque Nacional Jaragua. De acuerdo al titular de esa cartera, Rafael Suberví Bonilla, el Gobierno está interesado en que se aclare definitivamente el estado de esos terrenos, porque varios inversionistas extranjeros y nacionales quieren desarrollar proyectos en esa zona.

Poco tiempo antes de cumplirse el plazo, Suberví Bonilla dijo que esas tierras se podían subastar, y con un plan maestro de las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente ejecutar proyectos de desarrollo de una manera rápida. El funcionario dijo textualmente: "Mi propuesta es que agarremos y digamos -tú tiene tu título, el que te quiera comprar véndeselo, por ejemplo, en dos pesos-, y que le dé una cantidad al Gobierno para la construcción de obras". Las acciones de nuestros gobernantes son dignas de fabular: el gobierno actual pretende comprar terrenos que una vez le fueron robados; va a pagar por lo que le pertenece.

Ex candidato insaciable
Otro involucrado en el Caso Bahía de las Aguilas fue Puro Pichardo Fernández, ex candidato presidencial del Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), quien se atribuyó 14 millones de metros cuadrados de terreno, de los cuales ofertó 4.8 kilómetros de playa localizados en la paradisíaca bahía, en el sector oeste del Parque Jaragua.

La propuesta de venta de Pichardo Fernández contiene las secciones A, B y C, en la primera de las cuales ofertó entre 3 y 4 millones de metros cuadrados, a un precio a discutir de US$2.50 cada metro. La sección B contenía desde 4 a 6 millones de metros cuadrados con un precio a discutir de US$2.00 cada uno, mientras que la C incluía desde 10 a 14 millones de metros cuadrados con un precio a discutir de US$1.75 por metro cuadrado. Si se calcula el precio total de lo que Pichardo en su momento creyó era una herencia, obtendríamos lo siguiente: el precio total del caso A es de US$10 millones; la sección B suma US$12 millones, y la C unos US$24.5 millones.

La forma de pago en el primero de los casos (A) consistía en la entrega del 75 por ciento durante la firma del contrato, y el otro 25 por ciento en 12 cuotas pagaderas en un año. Para el B se debía pagar el 60% con el contrato, con un 40 por ciento en 18 cuotas distribuidas en un año y medio, mientras que el C requería el pago del 50% del contrato y la otra mitad en 24 cuotas durante dos años.

Otra fuente informó de otra propuesta de venta en la que ofrecía sus 14 millones de metros cuadrados a US$40 cada uno.

Antonio Féliz Pérez permaneció doce años como senador por Pedernales. Era un reformista algo violento y con fama de sinvergüenza, al punto de que en días de elecciones se le veía comprando votos, y en ocasiones entraba en los centros de conteo de la Junta Central Electoral pistola en mano. Por lo anterior, no es nada difícil entender porqué duró doce años repitiendo en el cargo.

El escándalo de Bahía de las Aguilas alcanzó dimensiones tan grandes que el partido no se atrevió a proponerlo nueva vez para senador. Según una anécdota que recogimos, cuando Féliz Pérez se presentó por primera vez como precandidato a senador por el PRSC, el líder máximo de esa organización preguntó a un allegado su opinión sobre el aspirante, y el inquirido respondió que era un sirvergüenza y que tenía fama de ladrón, pero conseguía votos. Balaguer ordenó que lo postularan.\Pero el ex senador es insaciable: lo jubilaron con un sueldo de 30 mil pesos mensuales y poco antes de estallar el escándalo seguía aspirando a más cargos electivos, porque al parecer doce años como congresista no le fueron suficientes. Quizás eso explica su intención de vender los terrenos. En reiteradas ocasiones Pérez negó poseer propiedades en Bahía de las Aguilas, pero el 14 de abril de 1997 entregó el título de propiedad de la parcela 215-A-71, que supuestamente había adquirido de forma irregular.

Preguntado sobre la situación actual del caso de Bahía de las Aguilas, quien fuera Procurador General de la República durante el gobierno del PLD, Abel Rodríguez del Orbe, aseguró que más de un 40 por ciento de los títulos fueron recuperados y cancelados por ser falsos y que la parte faltante está en el Tribunal de Tierras en proceso de instrucción. A su entender se ha cometido un error "porque el año pasado se emitió un decreto declarando esos terrenos de utilidad pública". Pese asegurar que no conoce cuál es el decreto, dice que con el mismo "se daría lugar a un fraude colosal contra este país". Quien posee un título de propiedad falso y las autoridades judiciales le piden lo entregue y lo hace, con ello no lo deja libre de culpa. Sin embargo, Del Orbe asegura que cuando era funcionario liberó a quienes entregaron títulos falsos "porque muchos fueron engañados por la mafia que organizó ese fraude, pues no sabían que estaban comprando propiedad estatal".

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